Nadie las quiere
The Green Vector

La sociedad Bioenergía Els Vents, participada por The Green Vector, recibió el 12 de diciembre de 2024 una denegación de su autorización ambiental integrada, expediente 088/23 IPPC. El Ayuntamiento de Aielo de Malferit también modificó su planeamiento industrial en 2026 y desestimó las alegaciones de la sociedad, una secuencia que demuestra la relevancia del control urbanístico, la disponibilidad de recursos y las competencias municipales. Es un freno administrativo documentado, aunque para conocer su desenlace completo hay que comprobar los recursos y procedimientos judiciales posteriores.

En Chinchilla de Montearagón, el Ayuntamiento acordó en marzo de 2026 suspender determinadas licencias relacionadas con plantas de biogás, compostaje e instalaciones similares. Allí se había cuestionado la ubicación de un proyecto de una sociedad vinculada a The Green Vector, especialmente por su relación con el entorno de Pétrola y sus espacios lagunares. La suspensión municipal no equivale a una denegación ambiental definitiva, pero sí obliga a preguntarse si los emplazamientos se seleccionan con suficiente atención al paisaje, la biodiversidad y las preocupaciones de los municipios vecinos.

En Vilches (Jaén), SPV Bio Vilches, una sociedad de Genia Bioenergy —socia de The Green Vector— desistió de su solicitud y la Junta de Andalucía archivó el procedimiento ambiental en julio de 2026. Genia atribuyó la decisión a que la combinación de materias primas prevista no alcanzaba los objetivos de reducción de huella de carbono. No fue una denegación ni debe atribuirse directamente a The Green Vector, pero el caso plantea una cuestión legítima: ¿con qué grado de certeza deberían definirse las materias primas y la viabilidad ambiental antes de generar expectativas y controversia en un municipio?

Navarra aprobó en 2026 una moratoria para determinadas plantas de biometanización hasta finales de 2028 mientras refuerza su marco de planificación y control. Este precedente no paraliza automáticamente instalaciones de otras comunidades, ni significa que el biometano carezca de normas ambientales. Lo que revela es la necesidad de reglas territoriales específicas sobre ubicación, tamaño, transporte, digestatos y participación ciudadana. Cuando la regulación avanza detrás de los proyectos, la población puede encontrarse discutiendo los impactos después de que las decisiones estratégicas de inversión ya estén tomadas.

En Monravana, Llíria, la macroplanta promovida por Bioenergía Gas Renovable V sigue siendo objeto de rechazo ciudadano y controversia jurídica. Su autorización contempla hasta 192.700 toneladas anuales de materiales orgánicos, una escala que exige claridad sobre procedencias, transporte, tratamiento y destino final del digestato. El Ayuntamiento de Casinos ha acudido a los tribunales y ha solicitado medidas cautelares, pero eso no equivale por sí mismo a una orden de paralización. Mientras se resuelven las discrepancias, los vecinos reclaman poder consultar y contrastar el proyecto completo y sus cambios.

Una planta de biometano no termina en el límite de una parcela: necesita rutas de camiones, suministros, agua, gestión de residuos, conexión energética y salida de digestatos. Cada elemento puede tener sus permisos, pero el vecino vive todos sus efectos a la vez. Por eso es necesario explicar de forma conjunta las distintas infraestructuras y los posibles impactos acumulados, sin presuponer que una tramitación separada sea ilegal. La pregunta es si la ciudadanía dispone de una visión suficientemente completa para valorar lo que cambiará en las carreteras, los campos y los núcleos habitados.

Las empresas tienen derecho a promover instalaciones, solicitar permisos y defender sus proyectos ante los tribunales, pero la responsabilidad ética no termina donde acaba el expediente administrativo. Cuando aparecen rechazos vecinales, dudas técnicas o problemas de ubicación, no basta con repetir que todo está autorizado. Un compromiso real con la sostenibilidad exige escuchar, publicar información verificable, estudiar alternativas y explicar cuándo se estaría dispuesto a renunciar a una ubicación. La legalidad es imprescindible; la confianza de las comunidades y el respeto a su calidad de vida también deberían pesar en las decisiones.

La empresa afirma que facilita toda la información, pero muchos vecinos denuncian que los documentos clave son difíciles de encontrar, que los cambios se conocen tarde y que el proyecto parece avanzar a escondidas y de tapadillo. Si realmente quiere actuar de frente, debería publicar en un único lugar los planos originales y modificados, los residuos que entrarán, las rutas de los camiones, el consumo de agua, el control de olores y el destino del digestato. La transparencia no consiste en decir que todo está disponible, sino en hacerlo fácil de comprobar. Y entonces llega la pregunta incómoda: si se explicara todo claramente desde el principio, ¿cuántas familias aceptarían una macroplanta junto a su hogar? Como dice el título, nadie las quiere. ¿Quién quiere ser zona de sacrificio?